El senador Iván Cepeda anunció acciones legales contra Tomás y Jerónimo Uribe, quienes lo han acusado sin pruebas tras la condena de Álvaro Uribe. Cepeda denuncia una campaña de calumnias y reafirma su compromiso con la justicia y el diálogo.
La condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha desatado una nueva ola de confrontaciones políticas y judiciales en Colombia. En el centro del debate se encuentra el senador Iván Cepeda, quien ha sido blanco de acusaciones por parte de Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del exmandatario. Las declaraciones de los jóvenes han generado controversia en redes sociales y medios de comunicación, al punto que el congresista ha anunciado acciones legales para enfrentar lo que considera una campaña de calumnias sin fundamento.
La jueza Sandra Heredia dictó recientemente una condena en primera instancia contra el expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos, en un proceso que ha sido seguido con atención nacional e internacional. Iván Cepeda, quien figura como víctima en el expediente, ha sido uno de los principales impulsores de la investigación, lo que lo ha convertido en blanco de ataques por parte de sectores uribistas.
Tras conocerse el fallo, Tomás y Jerónimo Uribe intensificaron sus críticas contra Cepeda, acusándolo públicamente de tener vínculos con las antiguas FARC y de participar en actividades ilícitas. Las afirmaciones, difundidas principalmente a través de redes sociales, han encendido el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad política en contextos judiciales sensibles.
Las acusaciones de Tomás y Jerónimo
Los hijos del expresidente han realizado múltiples declaraciones que, según Cepeda, constituyen una campaña de desprestigio. Entre las más polémicas se encuentran:
- La afirmación de que Cepeda es “heredero de las FARC”, insinuando una supuesta filiación ideológica o política con la extinta guerrilla.
- La invitación pública a que el senador “se entregue” a las autoridades de Estados Unidos y revele las “rutas de cocaína”, una acusación que, de ser falsa, podría constituir delito de calumnia.
- La denuncia de que Cepeda estaría involucrado en una red de manipulación judicial, en coordinación con actores internacionales.
Estas declaraciones han sido acompañadas por gestiones en el extranjero, según el senador, en las que los hermanos Uribe estarían buscando apoyo político en Estados Unidos para emprender acciones judiciales en su contra.
La respuesta de Iván Cepeda
Ante la escalada de acusaciones, el senador Iván Cepeda publicó un video en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en el que anunció que tomará medidas legales contra Tomás y Jerónimo Uribe. En su mensaje, el congresista fue enfático:
“Dado que los señores Jerónimo y Tomás Uribe han emprendido una campaña en mi contra, en la que han decidido calumniarme de una manera abierta y realizar acciones en mi contra, voy a tomar cartas en este asunto”.
Cepeda señaló que las acusaciones carecen de sustento probatorio y que constituyen una estrategia de desprestigio que busca desviar la atención del proceso judicial contra el expresidente. Además, denunció que estas acciones coinciden con las maniobras del abogado Diego Cadena, quien también ha sido investigado por presunta manipulación de testigos en el mismo caso.
Uno de los aspectos más relevantes del pronunciamiento de Cepeda fue su referencia a la justicia restaurativa. El senador recordó que, tras la condena de Uribe, expresó su disposición a explorar vías de diálogo que permitieran una salida institucional al conflicto. Sin embargo, lamentó que esa posibilidad haya sido descartada por los hijos del exmandatario, quienes optaron por la confrontación directa.
“Cuando se produjo la condena en primera instancia de Álvaro Uribe, señalé que estaba dispuesto a buscar un camino de diálogo sobre la justicia restaurativa. Pero veo que se sigue optando por el camino de la calumnia”, afirmó.
¿Libertad de expresión o calumnia?
Cepeda anunció que está estudiando las acciones judiciales pertinentes ante las autoridades competentes. Aunque no especificó qué tipo de demandas interpondrá, se presume que podrían incluir denuncias por injuria y calumnia, así como solicitudes de rectificación pública.
“Anuncio que estudiaré las acciones judiciales a que haya lugar, ante las autoridades competentes. Son ellos quienes atacan y serán enfrentados como corresponde”.
Este anuncio marca un punto de inflexión en la disputa, que hasta ahora se había mantenido en el terreno mediático y político. La judicialización del conflicto podría tener implicaciones importantes para el debate público y para la forma en que se gestionan las diferencias entre actores políticos de alto perfil.
El caso plantea preguntas complejas sobre los límites de la libertad de expresión en contextos judiciales. Mientras los hijos de Uribe afirman ejercer su derecho a opinar sobre un proceso que consideran injusto, Cepeda sostiene que las acusaciones cruzan la línea hacia la difamación.
Expertos en derecho constitucional han señalado que, si bien la crítica política es legítima, las afirmaciones que imputan delitos sin pruebas pueden constituir delitos contra el buen nombre y la honra. En este sentido, el proceso judicial que se avecina podría sentar precedentes sobre la responsabilidad de figuras públicas en el uso de sus plataformas digitales.
Implicaciones políticas
Más allá del plano judicial, el enfrentamiento entre Cepeda y los hijos de Uribe refleja las profundas divisiones que persisten en la política colombiana. El caso del expresidente ha reactivado tensiones entre sectores progresistas y conservadores, y ha puesto en evidencia la fragilidad del diálogo institucional.
La figura de Cepeda, asociada históricamente con la defensa de los derechos humanos y la justicia transicional, contrasta con la narrativa uribista, que ha buscado posicionarlo como antagonista político. Esta polarización dificulta la construcción de consensos y alimenta un clima de confrontación que podría escalar en los próximos meses.
El anuncio de Iván Cepeda de emprender acciones legales contra Tomás y Jerónimo Uribe marca un nuevo capítulo en la disputa política y judicial que rodea el caso del expresidente Álvaro Uribe. Las acusaciones cruzadas, la judicialización del conflicto y la falta de diálogo evidencian los desafíos que enfrenta Colombia para consolidar una cultura democrática basada en el respeto, la verdad y la justicia.
Mientras el país observa con atención el desarrollo de este proceso, queda claro que el debate sobre la responsabilidad política, la ética pública y los límites de la expresión seguirá siendo central en la agenda nacional.
