Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, ha sido una figura central en la política nacional durante más de dos décadas. Su legado, sin embargo, está marcado por varios escándalos de enorme impacto. Estos episodios no solo han sacudido el sistema judicial colombiano, sino que han polarizado profundamente a la sociedad.
Álvaro Uribe Vélez es una de las figuras más influyentes y polarizadoras de la historia reciente de Colombia. Su ascenso al poder en 2002, en medio de una profunda crisis de seguridad y gobernabilidad, marcó el inicio de una era caracterizada por la confrontación directa con las guerrillas, el fortalecimiento del aparato militar y una narrativa de mano dura que redefinió el mapa político nacional.
Con el respaldo de amplios sectores empresariales, medios de comunicación y votantes urbanos, Uribe logró consolidar un liderazgo sin precedentes, que se extendió por dos mandatos consecutivos y dejó una huella indeleble en la institucionalidad colombiana.
Sin embargo, el legado de Uribe está lejos de ser unánime. A medida que se consolidaba su poder, también emergían denuncias sobre prácticas autoritarias, violaciones a los derechos humanos y uso indebido de recursos públicos. Su gobierno fue escenario de escándalos que involucraron desde ejecuciones extrajudiciales hasta manipulaciones legislativas para asegurar su reelección. La figura del expresidente ha sido objeto de múltiples investigaciones judiciales, algunas de ellas aún en curso, y otras que han derivado en condenas contra funcionarios de su círculo más cercano.
La reciente sentencia de 12 años por soborno y fraude procesal, dictada en 2025, marca un punto de inflexión en la historia política del país: por primera vez, un expresidente colombiano es condenado penalmente por intentar manipular testigos en un proceso que lo vinculaba con el paramilitarismo. A este hecho se suman otros episodios que han alimentado la controversia: la Yidispolítica, los falsos positivos, las falsas desmovilizaciones, los negocios de sus hijos y sus reiteradas confrontaciones con la justicia.
Uribe encarna una polarización profunda. Para sus seguidores, es el salvador de la patria, el hombre que enfrentó a las FARC y modernizó el Estado. Para sus críticos, representa el abuso del poder, la impunidad y la captura institucional. Su figura sigue siendo central en el debate público, y su legado plantea preguntas urgentes sobre la relación entre liderazgo político, ética pública y memoria histórica.
La condena por soborno y fraude procesal
El 28 de julio de 2025, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia lo declaró “determinador” de una estrategia para manipular testigos que lo vinculaban con el paramilitarismo.
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente ofrecer beneficios a exparamilitares para que testificaran en su contra. Sin embargo, la Corte Suprema encontró que fue Uribe quien, a través de su abogado Diego Cadena, ofreció dádivas a testigos como Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve para que se retractaran.
Durante el juicio, se presentaron grabaciones de llamadas entre Uribe y Cadena, interceptadas por error por la Corte Suprema, y audios captados con relojes espía en la cárcel La Picota. La jueza concluyó: “El señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar”.
Uribe, por su parte, ha insistido en su inocencia: “Este es un fallo político que me condena. No hay una sola prueba de que yo haya ordenado pagos a testigos”.
Vínculos con los ‘paras’, sombra persistente
Desde su época como gobernador de Antioquia (1995–1997), Uribe fue señalado por impulsar las cooperativas de seguridad rural conocidas como “Convivir”, que según múltiples informes funcionaron como fachada legal para grupos paramilitares. Durante su presidencia, varios congresistas y funcionarios cercanos fueron condenados por nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluido su primo Mario Uribe.
Uno de los testimonios más contundentes provino de Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe. Monsalve aseguró que Álvaro y Santiago Uribe fundaron allí el Bloque Metro de las AUC. En respuesta, Uribe ha sostenido que se trata de una persecución política:
“A mí me han acusado sin pruebas. Lo que hay son testimonios comprados por mis enemigos”, afirmó en 2019.
El senador Iván Cepeda, quien lideró las investigaciones, considera que la reciente condena por soborno a testigos representa un avance en el esclarecimiento de estos vínculos:
“Uribe puede ir a la JEP y entregar una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia”.
Los “falsos positivos”, crímenes de Estado
Durante los dos mandatos de Uribe, se documentaron más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército, conocidas como “falsos positivos”. Jóvenes desempleados fueron engañados con promesas de trabajo, asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate para inflar estadísticas militares.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha señalado que más del 70% de estos crímenes ocurrieron entre 2002 y 2008, bajo el modelo de “seguridad democrática” promovido por Uribe. Aunque el expresidente ha negado su responsabilidad directa, las políticas de incentivos y recompensas a militares fueron clave en la expansión de esta práctica.
En 2010, Uribe declaró: “Eso lo han dicho los enemigos de la Seguridad Democrática. No hay un solo peso de recompensas pagado que tenga que ver con falsos positivos”.
Sin embargo, documentos del Ministerio de Defensa y testimonios militares contradicen esa afirmación. El general Carlos Arturo Suárez, en el llamado “Informe Suárez”, reconoció pagos a informantes en operaciones que terminaron en asesinatos de civiles.
‘Yidispolítica’: sobornos para asegurar la reelección
La Yidispolítica estalló en abril de 2008, cuando la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina confesó haber recibido ofrecimientos de funcionarios del Gobierno Nacional a cambio de votar a favor de la reforma constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe en 2006.
Medina, quien inicialmente se oponía al proyecto, cambió su voto tras una reunión en el Palacio de Nariño. En entrevista con el periodista Daniel Coronell, reveló que le ofrecieron cargos burocráticos como la Dirección del Instituto de Seguros Sociales en el Magdalena Medio, el SENA Regional y la Red de Solidaridad.
La Corte Suprema de Justicia condenó a Medina por cohecho y calificó la aprobación de la reforma como una “clara desviación de poder”. En 2015, también fueron condenados los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, así como el secretario de presidencia Alberto Velásquez, por haber participado en la entrega de dádivas.
Uribe respondió con una frase que se volvió célebre: “El Gobierno Nacional persuade; no presiona ni compra conciencias”.
Sin embargo, la Corte Suprema consideró que hubo una estrategia deliberada para asegurar votos mediante prebendas, lo que puso en entredicho la legitimidad de su segundo mandato. El expresidente intentó contrarrestar el fallo promoviendo un referendo para repetir las elecciones de 2006, aunque luego desistió.
Este episodio consolidó la imagen de Uribe como un líder dispuesto a usar todos los recursos del Estado para mantenerse en el poder, y profundizó el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, que él llegó a acusar de tener vínculos con grupos armados ilegales.
Falsas desmovilizaciones: espectáculo y fraude
Uno de los episodios más controvertidos del gobierno de Álvaro Uribe fue la desmovilización de supuestos guerrilleros y paramilitares que, según múltiples investigaciones, nunca pertenecieron a grupos armados. El caso más emblemático fue el del Bloque Cacica La Gaitana de las FARC, presentado en marzo de 2006 como una columna guerrillera que se entregaba voluntariamente en Alvarado, Tolima.
La Fiscalía descubrió que muchos de los “combatientes” eran en realidad indigentes, desempleados y personas reclutadas por dinero para simular una entrega de armas. El entonces alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, fue acusado de haber montado el espectáculo con fines políticos. Aunque Restrepo huyó del país en 2012, el proceso judicial sigue abierto.
Freddy Rendón, alias “El Alemán”, excomandante paramilitar, también denunció que la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en 2003 fue una farsa:
“Se recogieron uniformes y armas viejas para ese espectáculo que se montó en el Palacio de Exposiciones por parte de oficinas delincuenciales de Medellín”.
Juan Carlos “El Tuso” Sierra, narcotraficante extraditado, reveló que en varias desmovilizaciones del Bloque Central Bolívar y los Héroes de Tolová se incluyeron mototaxistas, vendedores ambulantes y personas sin vínculo alguno con las AUC, quienes recibieron pagos de hasta 450 mil pesos por participar.
Uribe ha defendido el proceso, afirmando: “La desmovilización fue real, masiva y efectiva. Si hubo irregularidades, deben ser investigadas, pero no se puede deslegitimar todo el esfuerzo por la paz”.
Sin embargo, los testimonios y documentos judiciales apuntan a una estrategia de maquillaje político para mostrar resultados rápidos en la lucha contra el conflicto armado. La JEP también ha abierto líneas de investigación sobre estas desmovilizaciones ficticias.
Tomás y Jerónimo, enriquecimiento bajo sospecha
Durante los años de gobierno de Uribe, sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno pasaron de ser jóvenes emprendedores a empresarios multimillonarios. Aunque ellos han defendido la legalidad de sus negocios, múltiples investigaciones periodísticas y debates en el Congreso han cuestionado el origen de su fortuna y los favores estatales que habrían recibido.
Uno de los episodios más controvertidos fue la compra de terrenos en Mosquera, Cundinamarca, por 34 millones de pesos. Dos años después, esos mismos lotes fueron declarados “Zona Franca Permanente” por la DIAN, lo que disparó su valor a más de 3.000 millones de pesos. La decisión fue precedida por cambios en el uso del suelo y el índice de construcción, decretados por el entonces alcalde Álvaro Rozo Castellanos, cercano al uribismo.
El periodista Daniel Coronell denunció que cinco funcionarios del gobierno de Uribe, incluidos dos ministros, intervinieron para facilitar la operación. El senador Jorge Enrique Robledo preguntó en el Congreso: “¿Si el presidente sabía que sus hijos estaban en el negocio, por qué no advirtió a sus funcionarios? Y si no lo sabía, ¿por qué no se investigó a quiénes se estaba favoreciendo?”
Uribe respondió con una frase que buscaba marcar distancia: “No estoy de acuerdo con los negocios de mis hijos, pero tienen derecho a trabajar”.
Antes del escándalo, los hermanos fundaron Sapia S.A.S., una empresa de artesanías que llegó a tener diez tiendas y ventas anuales por más de seis mil millones de pesos. En 2003, incursionaron en el negocio de residuos industriales con Ecoeficiencia S.A., que en menos de cinco años pasó de tener un capital de 10 millones a ingresos superiores a 43 mil millones.
La empresa enfrentó sanciones de la DIAN por más de cinco mil millones de pesos, pero siguió creciendo. En 2015, se asociaron con Jaguar Capital para crear la cadena de centros comerciales “Nuestro”, con sedes en Montería, Soledad, Cartago y Bogotá. En 2017, fundaron La Haus, una plataforma digital de bienes raíces que recibió inversión internacional y los consolidó como referentes tecnológicos.
Aunque no hay condenas judiciales contra los hermanos Uribe, el patrón de valorizaciones súbitas, favores estatales y vínculos políticos ha generado sospechas. Tomás y Jerónimo han respondido que los ataques provienen de “rivales políticos” y que sus negocios son legítimos. En 2025, tras la condena de su padre, Tomás Uribe declaró: “La verdad siempre triunfa. Hoy ganaron las Farc y sus amigos. La batalla no ha terminado”.
Polarización: ¿símbolo de justicia o persecución?
La figura de Uribe divide profundamente a Colombia. Para sus seguidores, es el líder que derrotó a las FARC y modernizó el país. Para sus detractores, representa el autoritarismo, la impunidad y el uso del Estado para fines personales.
La condena ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores de izquierda celebran el fallo como un triunfo de la justicia, líderes del Centro Democrático lo califican como una “vendetta política” y una “infamia judicial”.
El presidente Gustavo Petro ha declarado: “Me corresponde proteger a Álvaro Uribe Vélez y a su familia y bienes, como presidente, y lo haré”.
Pero también ha instado al exmandatario a acudir a la JEP para esclarecer su papel en el conflicto armado.
¿Fin de una era?
La sentencia contra Álvaro Uribe marca un hito en la historia judicial y política de Colombia. Por primera vez, un expresidente ha sido condenado penalmente, lo que abre la puerta a una revisión crítica del poder, la justicia y la memoria histórica.
Más allá de los procesos judiciales, el país enfrenta el reto de construir una narrativa común sobre el conflicto, la verdad y la reconciliación. Uribe, símbolo de una era de mano dura, ahora encarna también los límites del poder y la exigencia de rendición de cuentas.
