La salida de Lena Estrada del Ministerio de Ambiente revela tensiones entre representación indígena y gobernabilidad ambiental. Su relevo por Irene Vélez reabre el debate sobre inclusión, continuidad institucional y el rumbo de la diplomacia climática en Colombia.
Lena Estrada, primera mujer indígena en asumir la dirección del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, ha dejado su cargo apenas seis meses después de haberlo ocupado, en medio de un nuevo remezón ministerial orquestado por el presidente Gustavo Petro.
Pese al respaldo de las principales organizaciones indígenas del país, su gestión fue abruptamente interrumpida, dando paso a una encargatura a manos de Irene Vélez, actual directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y exministra de Minas.
La renuncia de Estrada fue aceptada por el presidente mediante decreto emitido el martes 5 de agosto, en el que se designa provisionalmente a Vélez al frente de la cartera ambiental, sin apartarla de sus responsabilidades actuales en la ANLA.
Este movimiento se inscribe en el patrón de alta rotación ministerial que ha caracterizado el mandato de Petro, quien, en solo tres años, ha nombrado cerca de 60 ministros en 19 carteras, una cifra que no tiene precedentes recientes en la historia administrativa del país.
Dimisión que sacude la narrativa del cambio
El nombramiento de Estrada, politóloga de la Universidad Nacional y perteneciente al pueblo Uitoto Mekana, fue recibido con entusiasmo por los sectores ambientalistas e indígenas. Su designación simbolizaba una apuesta por visibilizar voces históricamente excluidas de las decisiones nacionales en torno al territorio, el desarrollo sostenible y la política climática.
Proveniente de la Amazonía colombiana, Estrada traía consigo una hoja de vida robusta, que incluía la dirección de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y participación activa en foros internacionales como las Conferencias de las Partes (COP).
Sin embargo, su permanencia en el cargo estuvo continuamente bajo la sombra de rumores y presiones internas, en un gabinete caracterizado por la inestabilidad y la constante revisión presidencial de los equipos técnicos.
Las tensiones se acentuaron en la víspera de su salida, cuando el movimiento indígena emitió un comunicado de respaldo “firme e irrestricto” a la ministra, advirtiendo sobre el riesgo de perder la representación indígena en los espacios de decisión pública.
Petro y la paradoja de la inclusión
Desde el inicio de su mandato, Gustavo Petro ha adoptado una narrativa ambientalista intensa, colocándola en el centro de su política internacional y su identidad progresista.
Bajo el liderazgo previo de Susana Muhamad, el Ministerio de Ambiente se convirtió en uno de los portavoces más visibles del Gobierno en espacios globales. Muhamad fue señalada incluso como posible sucesora presidencial, dado su rol protagónico en la diplomacia climática y su perfil técnico-político.
El relevo de Muhamad, en marzo, dio lugar a la llegada de Estrada, en un contexto altamente simbólico: Colombia se prepara para una cumbre presidencial amazónica en suelo propio y debe enfrentar la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas en Belém do Pará. La inclusión indígena en este escenario era estratégica tanto desde una perspectiva de justicia social como de legitimidad internacional.
No obstante, el retiro de Estrada pone en evidencia la tensión entre la retórica de inclusión del Gobierno y la realidad operativa de su Gabinete. El ambientalismo popular y territorial promovido por Estrada chocó con estructuras técnicas y modelos de gobernanza que no siempre facilitaron su gestión.
En declaraciones públicas, la exministra señaló que “las visiones hegemónicas del ambiente han fracasado”, y defendió el conocimiento ancestral indígena como herramienta fundamental frente al avance de la deforestación y otros retos climáticos.
¿Continuidad o giro estratégico?
La encargatura a Irene Vélez plantea nuevos interrogantes. Vélez, cercana a Petro desde el inicio del Gobierno, ha tenido una trayectoria controversial en el Ministerio de Minas por sus planteamientos sobre la transición energética, la explotación petrolera y el licenciamiento ambiental. Su actual rol como directora de la ANLA la sitúa en el epicentro de decisiones clave sobre proyectos de alto impacto en el país.
Asumir simultáneamente la dirección de Ambiente y la Autoridad de Licencias Ambientales suscita preocupaciones sobre posibles conflictos de interés, especialmente en un contexto donde las tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental se han agudizado.
La estrategia del Gobierno en esta designación parece apostar por consolidar la visión presidencial de un ambientalismo articulado con la reestructuración energética y los modelos extractivos sostenibles.
La salida de Lena Estrada ha sido interpretada por diversas voces como una pérdida simbólica para la representación indígena en el Ejecutivo. Las organizaciones que promovieron su llegada al Ministerio no descartan procesos de movilización en defensa de su participación activa durante el tramo final del cuatrienio.
El mensaje es claro: la inclusión no puede ser un gesto temporal ni una cuota simbólica, sino una transformación estructural de los espacios de decisión.
El Gobierno, por su parte, enfrenta el desafío de mantener la coherencia entre su discurso ambientalista y sus decisiones administrativas. En un año crucial para la agenda climática internacional, la credibilidad de Colombia como líder regional en diplomacia ambiental puede verse afectada si no logra articular sus políticas con la diversidad de enfoques que conviven en el país, incluyendo los saberes ancestrales y las perspectivas territoriales.
El reto de la gobernabilidad ambiental
El Ministerio de Ambiente en Colombia se ha convertido en un terreno de disputa política, técnica y simbólica. Las cifras crecientes de deforestación, las presiones sobre los ecosistemas estratégicos y los retos de la transición energética requieren liderazgos sólidos, con capacidad de articular múltiples actores y visiones. Estrada encarnaba una apuesta por un ambientalismo desde el sur global, sensible a la territorialidad y la defensa de los pueblos originarios.
Su salida no solo evidencia las dificultades para sostener liderazgos alternativos en el Gabinete, sino también los límites del modelo de gobernabilidad actual. La alta rotación ministerial ha debilitado la continuidad de políticas públicas y ha generado incertidumbre sobre la ejecución de los compromisos adquiridos en foros internacionales.
El breve paso de Lena Estrada por el Ministerio de Ambiente abre una ventana de reflexión sobre la necesidad de rediseñar las formas de inclusión en la administración pública. Su experiencia demuestra que la representación efectiva requiere no solo nombramientos, sino también estructuras institucionales que respalden las agendas transformadoras y reconozcan la pluralidad epistemológica del país.
Mientras el Gobierno se prepara para enfrentar cumbres decisivas en materia climática, el desafío estará en demostrar que el compromiso con la protección ambiental es más que un discurso: es una política de Estado con enfoque territorial, participativo e intercultural.
