El proyecto busca dotar al Estado de herramientas legales sólidas y humanitarias para avanzar en los procesos de desmovilización, diálogo y justicia frente a los actores armados ilegales.
El Ministerio de Justicia y del Derecho radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca apoyar los esfuerzos del Gobierno para alcanzar la Paz Total en Colombia. Significa que el país contará con normas claras para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales, respetando siempre los derechos de las víctimas.
Este proyecto, liderado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, propone una hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado y el crimen organizado desde la justicia, la verdad y la reparación.
Se trata de una apuesta jurídica seria que combina los aprendizajes del pasado con nuevas formas de negociar y lograr resultados reales.
Uno de los puntos clave del proyecto es que no todos los grupos serán tratados igual:
- A grupos como el ELN o las disidencias de las antiguas Farc se les reconocerá un carácter político para poder avanzar en negociaciones de paz.
- A las bandas criminales, como el Clan del Golfo, se les aplicará un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos si colaboran realmente, entregan armas y ayudan a desmantelar sus estructuras.
El proyecto también aclara que los beneficios solo se entregarán si hay compromisos claros y verificables, como dejar de atacar a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la reintegración.
“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, explicó el ministro Montealegre.
“Colombia debe tener la seguridad de que aquí no se está construyendo una alambrada de impunidad; siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad”, agregó el jefe de la cartera.
Además, el proyecto busca corregir uno de los grandes problemas que tiene hoy el sistema de justicia: la cantidad de leyes desarticuladas que hacen difícil enfrentar a los grupos ilegales.
Esta propuesta unifica criterios, evita confusiones y permite una actuación más efectiva por parte de jueces, fiscales y autoridades.
Con este marco legal, el Gobierno busca avanzar hacia una paz verdadera, con justicia para las víctimas y seguridad para todos los colombianos.
El proyecto de ley fue avalado por el Consejo Superior de Política Criminal el pasado viernes.
