El Gobierno nacional completó el proceso de consulta previa del proyecto de Ley Minera, marcando un hito histórico en la inclusión de comunidades étnicas en la legislación minera colombiana, cumpliendo con el principio de “legislar con el pueblo”. El proceso contó con la participación del Ministerio de Minas y Energía, el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo y organismos de veeduría y control, garantizando transparencia y legitimidad en todo el diálogo.
“Este es un final en donde nos damos la mano los que milenariamente hemos tenido que luchar a veces no solamente con el sudor de las madres, sino con la sangre de los hijos e hijas de los territorios ancestrales”, declaró la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, en la protocolización con el Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Proyecto de Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Industrialización Nacional y la Minería para la Vida.
Una ley minera que defiende y protege la vida
El proyecto de Nueva Ley Minera propone un modelo minero que organiza, planifica, regula y fomenta el aprovechamiento sustentable de los minerales en el territorio nacional, siempre en armonía con principios, normas y parámetros ambientales, sociales y culturales.
Este proyecto normativo incorpora aspectos novedosos en el ámbito jurídico minero que reconoce el valor de las formas tradicionales e históricas de minería, define el ciclo minero para establecer con mayor claridad sus fases, incluyendo el cierre minero, y promueve los procesos de formalización respaldando los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.
Como parte de los avances hacia una minería con justicia social y enfoque étnico, el proyecto de ley también contempla la creación de una línea especial en el Fondo de Fomento Minero para fortalecer proyectos liderados por mujeres de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esta iniciativa busca reconocer y potenciar el papel de las mujeres en la pequeña minería, brindando recursos económicos, formación y apoyo técnico para conservar sus prácticas tradicionales, impulsar el emprendimiento, avanzar en procesos de formalización y promover el desarrollo integral de los territorios colectivos, tradicionales y/o ancestrales. Con ello, se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 70 de 1993 y la Ley 2250 de 2022, reafirmando el compromiso del Gobierno del Cambio con el cierre de brechas estructurales.
Foto: Cortesía Min Energía
Participación territorial sin precedentes
El proceso de Consulta Previa de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras se cerró entre el 13 y 14 de julio de 2025, con la participación de más de 4.000 personas en todo el territorio nacional, en un despliegue que cubrió los 32 departamentos y la capital del país, a través de 37 asambleas departamentales y 7 sesiones de intercambio de saberes. La participación incluyó 86 Consejos Comunitarios, 124 asociaciones, colectivos y corporaciones, 10 organizaciones juveniles y culturales, y 7 colectivos de mujeres. La composición de los participantes reflejó un equilibrio de género con 48% de participación efectiva de mujeres y 52% de hombres.
Trilogía étnica completa: legislar con el pueblo
Con esta protocolización, el Ministerio de Minas y Energía completa el ciclo de consulta previa con los tres grupos étnicos reconocidos constitucionalmente:
– Comunidades Rrom gitanas (agosto 2024)
– Pueblos indígenas (diciembre 2024)
– Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (julio 2025)
Un pacto por el cambio
La viceministra Aroca subrayó la importancia de este momento como una oportunidad para “sellar un nuevo pacto por el cambio”, reconociendo el sacrificio histórico de las comunidades étnicas y la necesidad de construir un futuro conjunto.
Esta Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Industrialización Nacional y la Minería para la Vida se convierte en el primer proyecto normativo del sector que incluye de manera integral las perspectivas y propuestas de los pueblos étnicos, estableciendo un nuevo paradigma en la relación entre el Estado y las comunidades para defender y proteger la vida a través de una transición energética justa, segura y gradual.
