El sistema penitenciario sigue en estado crítico por cuenta de obras inconclusas, sobrepoblación de reclusos, alimentos en riesgo de contaminación, 4.783 cupos inhabilitados y más de 2.000 procedimientos médicos represados.
La Contraloría General destapó una crisis prolongada y profunda en el sistema penitenciario colombiano. Tras auditar 127 cárceles y Centros de Detención Transitoria (CDT), encontró 119 hallazgos, entre ellos 15 fiscales por un valor de $78.400 millones, producto de incumplimientos a sentencias de la Corte Constitucional.
En los CDT, el hacinamiento supera el 500% en ciudades como Quibdó, Barranquilla y Bucaramanga. Durante las visitas y revisión documental, se hallaron personas condenadas retenidas por más de siete meses, a pesar de las órdenes judiciales que exigen su traslado a cárceles formales.
Según el ente de control fiscal, hoy, más de 21.000 detenidos permanecen en estaciones de policía sin condiciones mínimas, teniendo en cuenta que la infraestructura de estos espacios también está comprometida: hay 4.783 cupos penitenciarios inutilizados por obras paralizadas en Pereira, Itagüí, Ipiales, Buga y Sábanas de San Ángel.
Sobre ese asunto en concreto, el informe sostiene que las construcciones que debieron entrar en funcionamiento en abril de este año no solo siguen inconclusas, sino que comprometen otras intervenciones futuras.
Otro de los puntos críticos fue el componente de salud, ya que, revela que hay en los anaqueles y expedientes 2.199 exámenes diagnósticos sin realizar, 4.124 órdenes de medicamentos pendientes y equipos biomédicos fuera de servicio.
También hay problemas con la alimentación de los privados de la libertad: la Contraloría halló insalubridad en los ranchos y equipos sin uso que costaron al presupuesto público más de $300 millones.
La auditoría evidenció que el acceso a la justicia es otro de los elementos recomendados por las sentencias de la Corte Constitucional que está en entredicho, pues se denuncian en todo el país fallas de conectividad, ausencia de equipos y audiencias virtuales realizadas desde celulares prestados impiden garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
Finalmente, desde la entidad señalaron que no existen indicadores claros sobre los programas de resocialización y su eficacia, teniendo en cuenta que el 2 % del presupuesto carcelario se destina a estas acciones y la tasa de reincidencia ya supera el 20 %.
Así las cosas, el informe de la Contraloría concluyó que persiste una violación estructural y generalizada a los derechos fundamentales en el sistema penitenciario nacional.
APN Noticias
