En Barrancabermeja, la implementación de sistemas de fotodetección, conocidos comúnmente como “fotomultas”, ha generado una crisis silenciosa que afecta de manera desproporcionada a los ciudadanos de bajos recursos.
Por: Diego Armando Pérez Mayorga |Lo que inicialmente fue concebido como una herramienta para mejorar la seguridad vial y fomentar el cumplimiento de las normas de tránsito, se ha convertido en una red implacable de sanciones automáticas que golpea a los más vulnerables.
Cada vez son más los testimonios de personas que acumulan comparendos por causas reiterativas, como no portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o no haber realizado la revisión técnico-mecánica dentro del plazo legal. Lo alarmante es que estas sanciones, en muchos casos, no se generan por imprudencia o desinterés, sino por pura necesidad: para trabajar, buscar sustento o atender emergencias, muchos ciudadanos se ven obligados a transitar por los mismos puntos donde están instaladas las cámaras de fotomulta, lo que genera una repetición de comparendos por la misma falta.
El sistema de fotodetección no distingue contexto ni circunstancias. Sanciona de forma automática y masiva, sin posibilidad de interpretar la realidad individual de cada conductor. Esta rigidez genera un círculo vicioso en el que una persona que, por falta de recursos, no ha podido cumplir con requisitos legales, termina acumulando deudas superiores incluso al valor del vehículo con el que se moviliza.
Uno de los casos más representativos es el de un ciudadano identificado con las iniciales J.E.C.M., quien aparece en el sistema del SIMIT con seis comparendos por un valor total de $5.353.590. Tres de esas infracciones corresponden a la falta de SOAT y las otras tres a la no realización de la revisión técnico-mecánica. Esta persona, desempleada desde hace más de dos años, se dedica al rebusque diario. Había logrado ahorrar algo de dinero con el fin de ponerse al día con sus documentos, pero al consultar en el sistema, descubrió que su deuda con la inspección de tránsito superaba el valor de su motocicleta.
Lo más grave es que este ciudadano nunca fue notificado oficialmente de las infracciones. La notificación es un derecho fundamental de cualquier persona que ha sido sancionada, pues le permite ejercer su derecho a la defensa. En la práctica, sin embargo, muchos ciudadanos se enteran de las multas sólo cuando intentan hacer un trámite, comprar un seguro o renovar la licencia. A esas alturas, los plazos para apelar ya han vencido.
El acceso a la justicia también se ve comprometido. Las entidades de tránsito atienden al público de lunes a viernes en horarios que coinciden con la jornada laboral de la mayoría de las personas. Esto hace inviable que un ciudadano del común pueda presentar recursos o aclaraciones sin sacrificar su sustento diario. Las vías para presentar descargos son escasas, burocráticas y, muchas veces, ineficaces.
También se debe considerar el impacto en situaciones de emergencia. Es frecuente que, para permitir el paso de una ambulancia, los conductores deban cruzar un semáforo en rojo o invadir la cebra peatonal. Si esto ocurre en un punto con fotomulta, el sistema los sanciona sin considerar que se trató de una acción solidaria y necesaria. Esta situación ha llevado a que muchos conductores se abstengan de facilitar el paso a ambulancias, por miedo a recibir una multa, poniendo en riesgo vidas humanas.
El problema de fondo no es la legalidad de las infracciones, sino la rigidez e insensibilidad del sistema. Las fotomultas no consideran el principio de proporcionalidad ni el contexto socioeconómico de la persona sancionada. El Estado debería garantizar que los mecanismos de control vial no se conviertan en instrumentos de persecución que profundicen la exclusión y la desigualdad.
Barrancabermeja, como muchas ciudades del país, carece de una red vial amplia. Existen tramos obligatorios para acceder al comercio, al mercado o a los barrios periféricos. Es precisamente en esos puntos donde están instaladas muchas de las cámaras de fotodetección. Esto hace que los ciudadanos, sin opciones de rutas alternas, se vean obligados a repetir el tránsito por zonas donde ya han sido sancionados previamente por la misma causa.
Resulta fundamental que las autoridades revisen urgentemente esta problemática. Se requiere una política más humana, más flexible y orientada a la pedagogía, no solo al recaudo. Las personas en situación de vulnerabilidad deben tener opciones reales para regularizar su situación, sin caer en un ciclo interminable de deudas y sanciones.
La tecnología debe estar al servicio del ciudadano, no en su contra. Automatizar las sanciones sin humanizar el proceso convierte al Estado en un ente distante y sancionador. La seguridad vial es un objetivo importante, pero no puede alcanzarse a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Lo que está ocurriendo en Barrancabermeja es un llamado de atención nacional. Se requiere una revisión urgente del sistema de fotomultas, su regulación, sus procedimientos y sus consecuencias. La ley no puede ser una trampa, ni una condena para quien está tratando de sobrevivir dignamente.
Hoy, miles de ciudadanos están endeudados con la inspección de tránsito y transporte. El miedo a ser multado paraliza decisiones, bloquea el acceso al trabajo y deteriora la confianza en las instituciones. Si no se actúa pronto, el sistema seguirá criminalizando la pobreza y erosionando la justicia social.
La pregunta no es si las fotomultas son legales, sino si son justas. Y esa es una conversación que Colombia no puede seguir postergando.
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Vicepresidente junta directiva nacional Asociación Sindical de la Industria del Petróleo y Gas (Asopetrogas)
