Barrancabermeja arde. Y no solo por su sol inclemente o los más de 36 grados que golpean a diario a sus habitantes. Arde también por la indignación de una población que, sin previo aviso ni consulta, tendrá que pagar un nuevo impuesto en su factura de energía.
Por: Diego Armando Pérez Mayorga |En Santander, donde pagar el recibo de la luz ya representa una verdadera pesadilla mensual para miles de familias, la gobernación departamental ha decidido añadirle una carga más al ya sobrecargado bolsillo del ciudadano. La llamada “Tasa Especial de Seguridad Multidimensional”, aprobada recientemente por la Asamblea Departamental a instancias del gobernador Juvenal Díaz Mateus, no solo es innecesaria y regresiva, sino que representa un acto de desconexión total con la realidad social y climática del departamento.
El argumento oficial es que el impuesto servirá para financiar cámaras de seguridad, centros de vigilancia con inteligencia artificial y vehículos para la fuerza pública. Pero ¿qué tan legítimo es cargar ese costo directamente sobre el recibo de energía eléctrica de los estratos 4, 5 y 6, y de pequeños comercios en barrios humildes, en una región donde el consumo eléctrico no es un lujo, sino una necesidad para sobrevivir al clima?
Barrancabermeja y municipios vecinos como Puerto Wilches, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí registran temperaturas promedio que superan fácilmente los 34 grados centígrados. En estas zonas, los ventiladores y aires acondicionados no son artículos de comodidad, son dispositivos de supervivencia. Ahora, con esta nueva tasa, ¿una familia de clase media cuanto podría llegar a pagar por “seguridad”?
Y aquí es donde la medida se vuelve no solo impopular, sino cruel. ¿Cómo puede la administración departamental justificar un impuesto que golpea más duro precisamente a quienes más consumen por necesidad, no por derroche? ¿Acaso se olvidaron que en estas regiones, además de pagar energía cara, los servicios son ineficientes y los apagones frecuentes?
La tarifa eléctrica en Santander, especialmente en zonas como el Magdalena Medio, es una de las más altas del país. Esto se debe a múltiples factores: altos costos de transmisión, deficiente infraestructura, y poca regulación efectiva. En lugar de buscar alivios o subsidios, la Gobernación optó por castigar el consumo. En otras palabras: por vivir en un lugar caliente y usar energía para refrigerarse, ahora usted pagará más.
Además, esta tasa se disfraza de progresiva, pero es esencialmente regresiva. Se pretende aplicar a todos los consumidores sin tener en cuenta ingresos reales, condiciones familiares, o situación económica. Se dice que solo aplica a estratos 4, 5 y 6, pero ¿acaso todos en esos estratos tienen la misma capacidad de pago? ¿Cuántas familias de clase media han tenido que endeudarse para sobrevivir? ¿Cuántos pequeños comerciantes de barrios populares, incluidos ahora en el cobro, apenas están saliendo de las ruinas que dejó la pandemia?
El Decreto 828 de 2007, que regula la facturación de servicios públicos, es claro: no se puede incluir ningún cobro adicional en una factura sin el consentimiento expreso del usuario. Este impuesto viola ese principio. Aunque la Gobernación intente disfrazarlo de voluntario, la verdad es que se presentó como obligatorio, sin consulta previa, sin pedagogía ciudadana y sin transparencia. La gente se enteró del nuevo cobro cuando ya estaba aprobado. ¿Dónde está el consenso? ¿Dónde está la participación ciudadana?
Incluso si se permite al ciudadano rechazar el cobro, ¿cuántos lo sabrán? ¿Cuántos sabrán que pueden exigir una factura separada y que no pueden cortarles el servicio si no pagan esa tasa? Lo que la Gobernación llama “tasa especial”, muchos ciudadanos lo sienten como un abuso disfrazado de política pública.
Lo más indignante es que se nos diga que con este dinero se financiará seguridad cuando, históricamente, el problema no ha sido la falta de recursos, sino la falta de planeación, transparencia y voluntad. ¿Cuántas cámaras de seguridad han instalado antes sin resultados tangibles? ¿Cuántos vehículos policiales se han visto estacionados sin uso efectivo? ¿Dónde están los informes que demuestran que invertir más dinero realmente se traduce en menos criminalidad?
El presidente Gustavo Petro lo dijo claro: este tipo de impuestos son regresivos y vulneran el principio constitucional de justicia tributaria. No puede ser que se impongan cargas iguales a quienes no tienen la misma capacidad económica. Además, financiar la seguridad desde el consumo energético es un sinsentido: no está relacionado ni directa ni funcionalmente con el servicio.
Los gremios económicos del departamento también han rechazado esta medida. El Comité Intergremial de Santander denunció que nunca fueron consultados, y advirtieron del impacto negativo sobre las empresas locales. Para un negocio que ya lucha con altos costos de operación, sumar una carga fija mensual solo por consumir energía puede ser el empujón final hacia la quiebra. No es una exageración.
Estamos frente a una medida impopular, injusta, mal comunicada y posiblemente inconstitucional. Una medida que castiga a quienes consumen por necesidad, en una región calurosa, empobrecida, con un servicio deficiente y una ciudadanía cada vez más escéptica del discurso oficial.
El gobernador y sus aliados tendrán que responder no solo ante los tribunales, si esto se lleva a una revisión constitucional, sino ante la historia y ante la conciencia colectiva de un pueblo que, poco a poco, empieza a despertar. Porque la seguridad no se construye sobre el abuso, y mucho menos metiéndole la mano al bolsillo a quienes ya tienen que pagar de más para poder vivir con un mínimo de dignidad.
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Vicepresidente junta directiva nacional Asociación Sindical de la Industria del Petróleo y Gas (Asopetrogas)
