El Gobierno presentó las preguntas de la consulta popular sobre empleo y condiciones laborales. Mientras sindicatos celebran la iniciativa, gremios empresariales advierten riesgos para la economía y la formalidad
Este martes, el Gobierno nacional dio a conocer las preguntas que integrarán la consulta popular sobre temas laborales, un mecanismo que busca revivir puntos clave de la reforma laboral que se hundió en marzo de 2025.
Entre los temas más relevantes están la reducción de la jornada laboral, la eliminación de la tercerización, y el impulso a los contratos indefinidos.
El presidente Gustavo Petro anunció que el proyecto será radicado en el Senado el próximo 1 de mayo. Desde ese momento, el Congreso tendrá 30 días para decidir si aprueba o no la convocatoria. Si no se pronuncia, el Ejecutivo podrá convocar a elecciones en los tres meses siguientes. Para que la consulta tenga efectos legales, se necesita la participación de al menos 13,6 millones de votantes.
Tanto líderes sindicales como representante del sector empresarial han reaccionado con reservas. Algunos sindicatos sostienen que varias propuestas ya existen en la legislación y podrían mejorarse en su formulación. En el lado empresarial, prevalece el escepticismo.
Rodolfo Correa, presidente de Acopi, dijo estar de acuerdo con la jornada de ocho horas y el pago completo de los dominicales, pero advirtió que muchos Mipymes ya operan bajo regulaciones específicas con incentivos y tasas preferenciales. A su juicio, varias preguntas tienen un “tinte populista” y podrían afectar la viabilidad de las pequeñas empresas.
Uno de los puntos que más inquietud genera es el pago del 100% de recargo por trabajo en domingos y festivos. Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, advirtió que esta medida implica un incremento en los costos operativos que, eventualmente, se traducirá en precios más altos para los consumidores. También aseguró que los sobrecostos podrían poner en riesgo el empleo formal.
Una de las preguntas más polémicas es la que propone que los aprendices del Sena tengan contrato laboral. Desde el sector empresarial consideran que esta medida desnaturaliza el aprendizaje y lo convierte en una relación laboral que implica mayores costos.
También genera controversia la idea de formalizar a trabajadores de plataformas digitales. Aunque sindicatos respaldan la medida, empresarios alertan sobre su impacto en la flexibilidad del modelo y en el avance de la economía digital.
Otras preguntas incluyen propuestas como crear un fondo especial para otorgar bonos pensionales a campesinos, establecer contratos laborales obligatorios para personas con discapacidad, y garantizar licencias para tratamientos médicos o períodos menstruales incapacitantes.
En general, mientras desde el Gobierno y los sindicatos se ve como un avance en derechos laborales, los gremios temen que muchas de estas medidas terminen desincentivando la formalización, o que, por falta de claridad o financiación, se queden simplemente en el papel.
Aunque no se ha precisado el valor exacto, se estima que el costo de la consulta sería cercano a los $700.000 millones. No obstante, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el Gobierno buscará reducir esa cifra por debajo de los $300.000 millones.
Ambos ministros involucrados en el proceso, Benedetti y Antonio Sanguino, de Trabajo, confían en que la consulta avance y que sus resultados puedan convertirse en ley. Si el Congreso no actúa tras una victoria del “si”, el presidente Petro tendría la facultad de expedir un decreto que la haga efectiva.
Lo cierto es que la consulta popular abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del trabajo en Colombia. Mientras unos ven en ella una oportunidad para mejorar las condiciones de millones de trabajadores, otros temen que los efectos colaterales frenen el crecimiento económico, aumente la informalidad y limiten la competitividad empresarial.
La clave estará en si la reforma, esta vez por medio de las urnas, logra equilibrar derechos laborales con sostenibilidad empresarial.
