El gobernador de Santander Juvenal Diaz Mateus propone un impuesto para mejorar la seguridad. ¿Es esta la solución o una carga injusta?
Por: José Moreno | La inseguridad en Santander es un problema real. Hurtos a personas y residencias, extorsiones y homicidios han aumentado, generando miedo entre los ciudadanos. Ante esto, el gobernador propone un impuesto para “financiar más seguridad”.
La idea a simple vista parece lógica: más recursos permitirían contratar más policías, mejorar la tecnología y fortalecer las estrategias de seguridad. Sin embargo, el problema no es solo de dinero.
Los ciudadanos ya pagan impuestos para garantizar su seguridad. Es deber del Estado administrar bien esos recursos. ¿Por qué exigir más si no hay resultados claros y contundentes?
La falta de eficiencia en la gestión pública genera desconfianza. Muchas veces, los recursos se destinan a proyectos que no son una prioridad o simplemente terminan en corrupción. ¿Pasará lo mismo con este impuesto?
En lugar de crear un nuevo tributo, el gobierno debe mejorar el uso de los fondos existentes que ya de por si son suficientes. Hay que revisar presupuestos y reasignar recursos con prioridad en seguridad.
Además, la inseguridad no se combate solo con más policías o cámaras. Es un problema social que requiere inversión en educación, empleo, oportunidades para los jóvenes, entre otros aspectos.
Los comerciantes, uno de los sectores más golpeados por la delincuencia, serían los más afectados con este impuesto. Muchos ya pagan extorsiones y ahora tendrán que pagar una suma de dinero disfrazado de legalidad bajo el título de impuesto a la seguridad.
La ciudadanía en general también se vería perjudicada. El costo de vida aumenta casi que a diario por el desgobierno que atraviesa el país actualmente y un nuevo impuesto solo aumentaría la presión que viven actualmente los hogares santandereanos.
La propuesta tampoco garantiza resultados. No hay claridad sobre cómo se administraría el dinero ni cómo se mediría el impacto real en la seguridad del departamento.
Por una parte, se habla de impuesto a la seguridad, pero por otro lado el señor gobernador manifiesta que estos dineros también serán utilizados en pavimentación de vías, impulso a los campesinos entre otras cosas.
Ahora bien, no existe seguridad frente a la temporalidad del impuesto fijado para los próximos 3 años, si se tiene en cuenta que la costumbre nos ha demostrado que lo que inicia en Colombia como algo temporal termina como algo definitivo como ocurrió en Colombia con el impuesto del 4 por mil.
Si el gobierno quiere recuperar la confianza de la gente, debe demostrar que puede gestionar bien los recursos actuales antes de pedir más dinero. Es necesario un debate serio sobre esta propuesta.
No se puede imponer un nuevo impuesto sin antes analizar sus consecuencias y explorar otras soluciones. Los ciudadanos tienen derecho a exigir seguridad sin pagar más por ella.
La seguridad es una obligación del Estado, no un servicio adicional que deba financiar la población. El gobernador debe considerar alternativas. Tal vez una mejor gestión del presupuesto y estrategias de prevención sean más efectivas que un nuevo tributo impopular.
La seguridad no debe ser un negocio. Es un derecho fundamental y el gobierno tiene la responsabilidad de garantizarlo sin recurrir a más impuestos que terminaran convirtiéndose en una pesadilla para los santandereanos, máxime cuando pretende cobrarse a través de la factura de energía que ya de por si es bastante alta.
Ahora bien, ¿Qué va a pasar cuando una persona tenga el dinero para pagar el consumo del servicio de energía, pero no tenga dinero para el impuesto? La respuesta es sencilla se le suspende el servicio hasta que pague la totalidad de la factura.
Esto obedece a que lo que se prende es subir el kilovatio consumido; kilovatio que ya de por si es bastante alto, razón esta por la que las personas estarán obligadas en todo momento a cancelar el impuesto o de lo contrario se le suspenderá el servicio.
Expuesto lo anterior, es claro que no solo se pretende crear un impuesto adicional denominado impuesto a la seguridad, sino también pueden existir intereses particulares para que el no pago de este impuesto se utilice como una excusa para aumentar la cartera de la ESSA por servicio de reconexión.
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Abogado, CEO de la firma (Moreno Alvarez Abogados), Defensor de Derechos Humanos, Representante Legal y Director de la Corporación Corpovimadh.
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