El Ministerio de Ambiente creó en Santander la zona de reserva temporal ambiental pero al parecer hay un error en este asunto
Los funcionarios del Ministerio de Ambiente se equivocaron en la redacción de la resolución que le dio vida a la zona de reserva temporal ambiental de Soto Norte, en el área de influencia del Páramo de Santurbán. El error radica en que la resolución publicada en el Diario Oficial establece, en el artículo 2 de la parte resolutiva, que la reserva temporal “solo afecta 75.44 hectáreas de Soto Norte”, en lugar de las 76.012 hectáreas que el Ministerio pretendía incluir.
En los próximos dos años, en 75.000 hectáreas de la provincia de Soto Norte, en Santander, incluida Bucaramanga, no se podrá hacer minería de extracción de oro y plata. Así lo anunció este miércoles 5 de marzo el Ministerio de Ambiente con la publicación de la Resolución número 0221 del pasado 3 de marzo. Cabe advertir que esta determinación podrá ser prorrogable por dos años más.
De esta área, 23.929 hectáreas, que corresponden al 31,5 % de la zona de reserva temporal, incluyen 57 títulos mineros de pequeña, mediana y gran minería, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería.
La declaración de las zonas de reserva natural temporal en Santander fue firmada el pasado lunes por la ministra de Ambiente, María Susana Muhamad González.
Para corregir este error, según algunos expertos y las normas vigentes, el Ministerio de Ambiente estaría obligado a hacer una nueva consulta pública sobre la extensión de 75 mil hectáreas, expedir otra resolución firmada por la nueva Ministra de Ambiente y publicarla otra vez en el Diario Oficial, además de otros trámites administrativos y legales.
“Eso pasa cuando uno quiere hacer las cosas a última hora, corriendo, para cumplir pactos políticos con activistas. La Ministra sacó esa resolución con esos errores y otros insubsanables, que miles de habitantes de Soto Norte vamos a demandar y tutelar”, advirtió González.
La líder social también señaló que “la exministra Muhamad, pese a estar recusada y ser plenamente consciente de ello, ignoró las advertencias de ilegalidad emitidas por la Procuraduría. Pasó por alto el pronunciamiento del Gobernador sobre la quiebra de los municipios, el rechazo de los seis alcaldes de los pueblos afectados y la voz de más de 2.000 personas que marchamos en Bucaramanga. Además, desconoció el Acuerdo de Escazú y tres sentencias de la Corte Constitucional. Ahí está el resultado”.
No obstante, otros expertos que se debe declarar emitir una nueva resolución para subsanar y aclarar el error de la primera, sin necesidad de reiniciar todo el proceso. No obstante, la polémica ya está planteada en este escenario y serán las autoridades administrativas quienes la definan.
