Minhacienda emitió un proyecto de decreto con el objetivo de regular el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), gestionado por el Banco de la República, con el objetivo de financiar los beneficios financieros del nuevo esquema de pilares del sistema de pensiones.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, bajo la dirección de Diego Alejandro Guevara Castañeda, publicó el borrador de decreto que rige el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, Fapc, para su consulta.
El borrador del decreto estará disponible para ser discutido hasta el 8 de marzo de 2025. “Por lo que se añade el Libro 44 a la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 respecto a las regulaciones vinculadas con la gestión del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común”, indicaron en el informe.
El Banco de la República gestionará el Fapc con el propósito de financiar las prestaciones financieras del nuevo esquema de pilares a cargo del Componente de Prima Media del Pilar Contributivo, “excepto las excepciones establecidas en el artículo 24 de la Ley 2381 de 2024, a las que se aplicarán las estipulaciones del Libro 44 de este decreto y en el contrato de administración que se establezca entre la Nación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
Además, el Fapc se conformará con los fondos transferidos conforme a lo establecido en la Ley 2381 de 2024 (pensional), junto con sus rendimientos y los demás ingresos que surjan durante su gestión.
Efecto en los miembros y el sistema de pensiones
Uno de los elementos más esenciales de la reforma es el procedimiento de cambio de los afiliados entre el sistema público de Colpensiones y los fondos privados, el cual fue permitido por la “ventana de cambio”.
Esta acción permitió a aproximadamente 44.000 individuos modificar su régimen pensional, lo que ha suscitado inquietudes acerca de qué ocurrirá con estos miembros si la reforma es invalidada.
De acuerdo con el economista Víctor Grosso, si la Corte declara la reforma inconstitucional, los individuos que ya se desplazaron podrían enfrentarse a un arduo proceso de reversión, lo que podría resultar en miles de litigios jurídicos.
