Al ente de control fiscal le preocupa la situación financiera de las empresas de energía por el no pago de las deudas adquiridas por el Gobierno.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió una nueva alerta sobre la situación del sector minero–energético en Colombia debido a la no firma de nuevos contratos del exploración y explotación de petróleo y gas, lo cual según la entidad podría llevar al país a un riesgo de desabastecimiento de hidrocarburos.
Con lo anterior, solicitó al Gobierno tomar las medidas necesarias para evitar un racionamiento de energía en el país debido a las bajas reservas que para el petróleo equivalen a siete años y para el gas se tienen contabilizadas hasta por seis años.
Por lo tanto, el Contralor General convocará al ministro de Minas y Energía, al ministro de Hacienda, solicitará la presencia de la Procuraduría General de la Nación y de los Gremios del sector minero – energético, para realizar mesas de trabajo, con el fin de contribuir a que las partes puedan solucionar los problemas indicados en beneficio de la ciudadanía y los recursos públicos.
A su vez, la alerta también se emitió por la situación que presentan las empresas de energía en Colombia, debido a las cuantiosas deudas que tienen las compañías al no haber obtenido el pago de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, junto con la opción tarifaria y las deudas de las entidades oficiales como colegios, universidades, acueductos, cárceles, entre otros.
“Esto, a juicio de la Contraloría, puede generar no solo riesgos para el patrimonio del Estado, sino que además afectaría a muchas de las empresas de servicios públicos que son propiedad o tienen participación estatal. También advierte la Contraloría sobre el riesgo de que los usuarios con menos recursos en estratos 1, 2 y 3, puedan ver incrementados los costos de las facturas sino se giran los recursos y pagos por parte del gobierno correspondientes a subsidios y opción tarifaria”, señaló la Contraloría.
Con esto, destaca graves deficiencias en los esquemas de subsidios destinados a tarifas de electricidad, gas combustible por redes y gas en cilindros (Gas Licuado de Petróleo -GLP). Tales fallas comprometen los objetivos de calidad, acceso equitativo y sostenibilidad financiera de los programas, además de poner en riesgo la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
“El Gobierno Nacional debía girar a través del Presupuesto General de la Nación (PGN) $2,7 billones para energía eléctrica, $3,3 billones por opción tarifaria y un billón por deuda de usuarios oficiales y en lo que compete a gas $628 mil millones para gas natural al cierre de 2024, es decir, más de $7 billones, lo que preocupa aún más si se incluyen los costos de las intervenciones a empresas realizadas recientemente”, agregó la entidad.
Según las cifras entregadas, este monto representa anualmente el 60% de los recursos necesarios y sigue aumentando cada trimestre, situación que reduce la liquidez de las empresas, amenaza con el desmonte de subsidios y podría traducirse en un alza de tarifas que afectaría a los hogares más vulnerables.
Por ejemplo, una familia que paga $30.000 por servicio de gas, sin el subsidio tendría que cancelar por el mismo servicio un valor cercano a los $58.000.
“Para la Contraloría, cubrir estas deudas debe ser una prioridad para garantizar el acceso al servicio de las familias de ingresos bajos. Y aunque se trata de una inversión en el Presupuesto General de la Nación (PGN), este gasto debe considerarse una obligación corriente que requiere atención anual”, puntualizó.
