El ente de control inicia vigilancia especial para garantizar la legalidad y estabilidad en el proceso de intervención administrativa de AIR-E S.A.S. E.S.P.
En respuesta a una solicitud presentada por Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Procuraduría General de la Nación ha asumido un papel preventivo en el proceso de intervención administrativa de AIR-E S.A.S. E.S.P.
Esta medida busca monitorear de cerca las actuaciones de las autoridades administrativas involucradas, como el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC – XM S.A.S. E.S.P.).
Según la comunicación enviada por el gerente general de EPM, la complejidad de esta intervención reside en su impacto potencial sobre el mercado eléctrico. “Las decisiones tomadas por las autoridades, desconociendo el régimen constitucional y legal, generan una preocupante alteración del equilibrio del sector, afectando la cadena de pagos y la estabilidad financiera de diversos agentes”, señaló el directivo.
Como respuesta, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, emitió la Resolución No. 405 del 4 de diciembre de 2024, que establece la designación de un equipo especializado para realizar acciones preventivas y de intervención administrativa. Este equipo trabajará de manera coordinada para asegurar que las decisiones tomadas durante el proceso de intervención cumplan con los principios del orden jurídico vigente.
Para obtener una visión más amplia sobre el estado actual de la toma de posesión de AIR-E S.A.S. E.S.P. y las implicaciones del proceso, la Procuraduría General ha convocado una mesa de trabajo presencial. Este encuentro se llevará a cabo el lunes 13 de enero de 2025, a las 10:00 a.m., en la sede principal de la Procuraduría en Bogotá.
La mesa de trabajo reunirá a las partes involucradas para evaluar las acciones realizadas hasta la fecha, discutir los desafíos del sector eléctrico y establecer las próximas etapas del proceso de intervención. Este espacio busca garantizar la transparencia y la colaboración entre los diferentes actores, incluyendo autoridades administrativas y representantes del sector.
El equipo designado por la Procuraduría se encargará de verificar que las actuaciones de las autoridades administrativas se ajusten al marco legal y contribuyan a preservar la estabilidad del mercado eléctrico. Además, este esfuerzo busca proteger los intereses de los usuarios finales y mitigar cualquier impacto negativo derivado de las decisiones tomadas durante el proceso de intervención.
La intervención de AIR-E S.A.S. E.S.P. se mantiene bajo la supervisión estricta de las autoridades, marcando un hito en la regulación del sector eléctrico y evidenciando el compromiso del Ministerio Público con el cumplimiento de los principios legales y la estabilidad del sistema energético nacional.
