La violencia contra niños y jóvenes en el Cauca se intensifica, con al menos 20 asesinatos recientes tras ser forzados a unirse a grupos armados.
Este flagelo, que afecta principalmente a comunidades indígenas, desborda a la región y deja profundas cicatrices sociales. En 2024, el 72 % de los casos de reclutamiento forzado en Colombia ocurrieron en este departamento, evidenciando un problema que el Estado no ha logrado frenar.
En el corregimiento de El Plateado, un niño de 15 años fue asesinado en diciembre pasado tras intentar escapar de las filas de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco.
Su muerte es solo una de las 297 denuncias de reclutamiento de menores en el país durante el año, según la Defensoría del Pueblo, que identifica a las disidencias como el grupo armado con mayor incidencia en estos crímenes.
Las comunidades indígenas han liderado esfuerzos por proteger a los menores, logrando rescatar a 73 niños en 2024. Sin embargo, esta resistencia tiene un alto costo. Líderes como Carmelina Yule, integrante de la Guardia Indígena, han sido asesinados al enfrentarse a los reclutadores.
Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), los niños reclutados no solo son separados de sus familias, sino también despojados de su identidad cultural, lo que genera graves desarmonías en sus comunidades.
“Cada reclutamiento es una pérdida irreparable para nuestro tejido social. Estas semillas de vida, como llamamos a los niños, son el futuro de nuestra cultura”, señaló Edwin Mauricio Capaz, líder del CRIC.
El problema no se limita a la violencia directa. Factores estructurales, como la falta de oportunidades y el contexto de economías ilícitas, alimentan el reclutamiento. En territorios como Toribío, Jambaló y Caldono, donde se han reportado los mayores índices de reclutamiento, las comunidades indígenas enfrentan una lucha desigual contra actores armados que seducen a los jóvenes con promesas de poder y dinero.
La Guardia Indígena, con 24 años de historia, ha intentado preservar su cultura y proteger a sus niños. Sin embargo, esta labor enfrenta obstáculos crecientes, como la infiltración de jóvenes reclutados que posteriormente se convierten en amenazas internas, creando divisiones y desconfianza.
El caso de Leider Johani Noscué, conocido como ‘Mayimbú’, ilustra estas dinámicas. Reclutado a los 12 años, ascendió en las filas de las FARC hasta liderar una estructura disidente. Su historia es un ejemplo de cómo el reclutamiento infantil perpetúa ciclos de violencia y desarraigo cultural.
La respuesta insuficiente del Estado
A pesar de los esfuerzos comunitarios, las políticas gubernamentales para prevenir el reclutamiento y apoyar a las víctimas han sido ineficaces. La falta de articulación entre instituciones y la burocracia han limitado las acciones, dejando la carga en las comunidades locales.
“El Estado no responde con la urgencia que exige esta problemática. Son las comunidades las que han asumido el liderazgo, pero a un costo altísimo”, afirmó un investigador de la Asociación Minga.
Por su parte, Yiner Quiguantar Cortés, líder juvenil indígena, denuncia que las familias temen denunciar los casos debido a posibles represalias de los grupos armados. “Cada denuncia pone en riesgo a toda la comunidad. Nos toca actuar de inmediato, porque no podemos esperar a que el Estado reaccione mientras se pierde una vida”, aseguró.
En un intento por frenar esta crisis, las comunidades indígenas han organizado mingas humanitarias para exigir soluciones tanto al Gobierno como a los actores armados. Sin embargo, las promesas de paz se ven empañadas por el continuo reclutamiento, que amenaza con fracturar el tejido social de los pueblos indígenas.
Un futuro incierto para las comunidades
El reclutamiento infantil no solo arrebata vidas, sino que también pone en peligro la pervivencia de las comunidades indígenas del Cauca.
Sin sus jóvenes, estas culturas enfrentan un futuro incierto, marcado por la pérdida de su identidad y la desintegración de sus tradiciones.
Las comunidades continúan exigiendo acciones concretas para proteger a sus niños y garantizar su retorno seguro. Mientras tanto, el Estado enfrenta un llamado urgente a fortalecer sus estrategias y responder a esta crisis humanitaria que desangra al Cauca y al país entero.
