La delincuencia violenta en América Latina y el Caribe (ALC) no solo cobra vidas y desestabiliza comunidades, sino que también genera un impacto económico devastador.
Según un reciente estudio en 22 países de la región, cada año se pierde el 3,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 192.000 millones de dólares, debido a costos asociados al crimen. Esta cifra, que persiste desde 2017, refleja cómo la violencia actúa como un impuesto al desarrollo, limitando las posibilidades de crecimiento y bienestar social.
La región, que encabeza las tasas globales de homicidios y robos, destina enormes recursos a combatir la delincuencia. Los homicidios representan el 0,45 % del PIB, con el Caribe soportando la mayor carga al perder el 0,71 %.
Además, el sistema de justicia –incluyendo policía, cortes y cárceles– consume otro 1,08 %. Las empresas también destinan cerca del 1,6 % del PIB en medidas de seguridad, lo que restringe el espíritu empresarial y la inversión.
Consecuencias más allá de las cifras
El impacto económico de la violencia trasciende los números. Las consecuencias abarcan la deserción de inversionistas extranjeros, principalmente en sectores como finanzas y agricultura, mientras que las mujeres abandonan el mercado laboral, exacerbando desigualdades de género.
En el ámbito educativo, las zonas de alta criminalidad enfrentan dificultades para garantizar asistencia y calidad en la enseñanza.
Incluso el medio ambiente sufre las consecuencias. Las organizaciones criminales explotan recursos naturales y degradan ecosistemas sin control, incrementando los daños al patrimonio ambiental de la región. Además, la delincuencia erosiona la confianza social e institucional, lo que debilita el tejido económico y social.
Reducir los índices delictivos al promedio de países europeos como República Checa, Irlanda o Suecia permitiría a la región liberar el equivalente al 1 % del PIB, alrededor de 57.000 millones de dólares.
Estos recursos podrían invertirse en educación, programas sociales y proyectos de infraestructura para fortalecer comunidades y promover un desarrollo sostenible.
Un análisis del Fondo Monetario Internacional señala que disminuir las tasas de homicidio al promedio mundial podría incrementar el crecimiento económico anual en 0,5 puntos porcentuales. Este aumento representaría un tercio del crecimiento regional observado entre 2017 y 2019, subrayando el potencial económico de una América Latina más segura.
Estrategias probadas para un cambio sostenible
Combatir la delincuencia requiere un enfoque múltiple y coordinado. Reformas institucionales que optimicen el gasto en seguridad y mejoren la eficiencia de los sistemas judiciales son esenciales.
Igualmente importantes son los programas sociales que atienden las causas estructurales de la criminalidad, fomentando empleo y oportunidades en comunidades vulnerables.
En Brasil, la implementación de estrategias policiales basadas en datos redujo los homicidios hasta un 17 %. Este ejemplo demuestra que los cambios son posibles con voluntad política y políticas fundamentadas en evidencia. Sin embargo, la creciente transnacionalidad de las redes delictivas exige respuestas regionales coordinadas.
Para abordar este desafío, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lidera la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, en la que participan 18 países y 11 organizaciones, entre ellas Interpol y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esta iniciativa busca desarrollar políticas de seguridad basadas en pruebas y promover su implementación de manera conjunta.
A pesar de los retos, América Latina tiene un enorme potencial. La región es rica en biodiversidad, minerales esenciales para la transición hacia energías verdes y recursos agrícolas capaces de alimentar al mundo. Aunque la delincuencia ha frenado su desarrollo, no tiene por qué definir su futuro.
Fortalecer las instituciones públicas, fomentar la cooperación regional y diseñar estrategias contra la delincuencia basadas en evidencia permitirá a los países de ALC transformarse. Con estos esfuerzos, podrían destacar no por sus índices de violencia, sino por la mejora de los estándares de vida de sus habitantes.
