“La justicia no es ciega, sino que está vendida al mejor postor.” Esta frase, común en la sociedad colombiana, parece haber encontrado un nuevo significado en Barrancabermeja, donde las fotomultas han generado un escándalo que ha dejado a muchos con la sensación de haber sido víctimas de una trampa.
Por: Diego Armando Pérez Mayorga | La historia es conocida: las “cámaras salva vidas”, diseñadas para mejorar la seguridad vial, se han transformado en una máquina de recaudar dinero para el gobierno local. Esto, sin considerar el costo que implica para los ciudadanos. La exorbitante cantidad de las sanciones, la falta de transparencia en su implementación y la ausencia de medidas para evitar el endeudamiento de los habitantes han creado un círculo vicioso que parece interminable.
La ubicación de estas cámaras en los semáforos, donde los vehículos deben detenerse, plantea dudas sobre la legalidad de dicha instalación. Su implementación ha generado críticas sobre la justicia y la equidad en la imposición de las multas. Numerosos ciudadanos denuncian que las sanciones son desmesuradas y no reflejan la realidad de los hechos, generando un sentimiento de injusticia y descontento.
En cuanto a la eficacia de las fotomultas, no hay evidencia concluyente de que hayan disminuido accidentes o muertes en las vías. Por el contrario, algunos estudios sugieren que este sistema puede tener un impacto negativo sobre la seguridad, ya que puede distraer a los conductores.
El problema más grave generado por las fotomultas en Barrancabermeja es el endeudamiento que ha comenzado a sofocar a los ciudadanos. Se estima que el monto de las multas puede superar varios millones de pesos anuales, lo que representa un riesgo de endeudamiento masivo para los habitantes, muchos de los cuales ya enfrentan dificultades económicas.
Si la implementación continúa de esta manera, no es descabellado pensar que, en algún momento, todos los habitantes de Barrancabermeja estarán endeudados con el Distrito. Esto tendría consecuencias devastadoras para la economía y estabilidad social, afectando el bienestar de la comunidad.
La realidad es que las fotomultas, lejos de ser una medida efectiva para mejorar la seguridad vial, se han convertido en un mecanismo de control económico que explota la desesperación de los ciudadanos más vulnerables. Al tratarse de un sistema altamente automatizado y despersonalizado, no solo se agrava la injusticia, sino que se instala un sistema punitivo que, en lugar de educar, castiga de manera arbitraria.
La falta de consideración de factores como la situación económica de los habitantes y la imposición de sanciones sin un análisis profundo de cada caso, refleja el rostro más oscuro de una administración que ha elegido priorizar recaudar por encima de garantizar la equidad y el bienestar de su población. La deshumanización del proceso es evidente: las personas son vistas como simples generadores de ingresos y no como ciudadanos con derechos. Lo que en un principio parecía ser una solución a un problema de tránsito, ahora es una estrategia recaudatoria que pone en evidencia la falta de empatía y responsabilidad social de quienes toman estas decisiones.
Es urgente que las autoridades nacionales y locales revisen el sistema de fotomultas y consideren alternativas más equilibradas y humanas. Primero, es esencial reubicar las cámaras en lugares donde realmente contribuyan a la seguridad, en lugar de seguir apostando a la recaudación. Además, deben revisarse los criterios bajo los cuales se imponen las multas, considerando factores como el contexto y las circunstancias del infractor.
Otra medida necesaria es la flexibilidad en los planes de pago, para evitar que los ciudadanos caigan en un ciclo de endeudamiento infinito. También se deben fortalecer los programas de educación vial para fomentar una cultura de respeto por las normas de tránsito y prevenir accidentes de forma proactiva.
Finalmente, la implementación de las fotomultas en Barrancabermeja debe verse como una oportunidad para mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los ciudadanos. No obstante, es fundamental que este proceso se realice de forma transparente, justa y respetuosa de los derechos de los ciudadanos.
___
*Vicepresidente junta directiva nacional Asociación Sindical de la Industria del Petróleo y Gas (Asopetrogas)
