El inicio del 2025 en Barrancabermeja ha estado marcado por la circulación de un panfleto atribuido al Clan del Golfo, el cual amenaza a reconocidos líderes sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes populares de la región.
Este acto ha encendido las alarmas entre las comunidades, mientras las autoridades locales activan protocolos de seguridad para proteger a las personas afectadas.
Encabezadas por la Coronel Gisela Paz, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, las autoridades han reaccionado rápidamente convocando a las víctimas a reuniones con entidades competentes. Aunque la autenticidad del panfleto aún no ha sido confirmada, las amenazas están siendo tratadas con seriedad.
“No estamos desestimando la amenaza contra los líderes y lideresas mencionados en el panfleto,” afirmó la Coronel Paz, quien aseguró que se han iniciado protocolos para garantizar la seguridad de los mencionados.
Entre los nombres incluidos en el panfleto destacan el abogado Iván Miranda y el cacique del Cabildo Zenú, Wiren Velázquez.
Miranda, conocido por sus denuncias de presunto fraude electoral, participó en los comités de seguridad y expresó su confianza en que se refuercen las medidas de protección. Por su parte, Velázquez reafirmó su compromiso con las comunidades indígenas y vulnerables, rechazando cualquier vínculo con grupos armados.
“No me iré de Barrancabermeja, pero pedimos que las autoridades investiguen el origen de este panfleto,” manifestó Velázquez.
Organizaciones como Credhos y la Defensoría del Pueblo del Magdalena Medio han mostrado su preocupación por el hecho. Iván Madero, presidente de Credhos y también mencionado en el panfleto, calificó las amenazas como un recordatorio de la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en el Magdalena Medio.
Se espera que las autoridades locales y nacionales entreguen un informe detallado sobre las investigaciones en curso, buscando no solo garantizar la seguridad de los afectados, sino también identificar a los responsables.
Este incidente pone en evidencia, una vez más, el riesgo constante al que se enfrentan quienes trabajan por el bienestar de las comunidades y la defensa de los derechos humanos. La comunidad espera acciones contundentes que permitan frenar este tipo de intimidaciones y garantizar la seguridad de los líderes sociales, fundamentales para el desarrollo y la paz en la región.
