Salen a la luz varias criticas sobre la decisión de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga de establecer un pico y placa par e impar para los vehículos no matriculados en el área metropolitana, anuncia que desde la Asamblea demandarán la resolución
Surge una ola de críticas que recaen ante la decisión del pico y placa par e impar a los vehículos que no estén matriculados en en cualquier municipio del área metropolitana, a partir del próximo 7 de enero, como una medida para incentivar el recaudo en el impuesto vehicular.
Mientras la Alcaldía defiende esta medida, desde la Asamblea de Santander anuncian demanda en contra de esta resolución que consideran invasiva y restrictiva para la libre movilidad de las personas que no tienen sus vehículos matriculados en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta o Floridablanca.
“No puede iniciar usted el 2025 con unas medidas como esa que acaban de expedir con respecto al pico y placa de los vehículos que no están matriculados en el área metropolitana”. Así dijo el diputado David Castrillón.
De acuerdo con la nueva restricción que anunció dicha autoridad, los automotores matriculados por fuera de la capital santandereana, Floridablanca, Girón y Piedecuesta solo podrán circular en Bucaramanga cada día de por medio. Esta medida ha sido controvertida por diferentes sectores, mientras que otros afirman que esta incentiva el recaudo de impuestos en cada uno de los municipios del área metropolitana.
“Al director de Tránsito se le olvida que Metrolínea fue liquidado y empezamos 2025 sin una solución de transporte seria, y va a iniciar con una medida restrictiva. RESPETE A LOS SANTANDEREANOS. Se le olvidó revisar la dignidad humana, el derecho a la igualdad, a la libre locomoción”, sostuvo el diputado Castrillón.
El corporado de la Asamblea de Santander anunció que demandará esta resolución al considerarla contraria a las necesidades de Bucaramanga y el área metropolitana. Si bien es cierto dijo interpondrá el recurso, este tendría que hacerlo después del 10 de enero cuando termina la vacancia judicial. Es decir, tres días después de que empiece a regir la nueva medida.
