Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, no será trasladada a la cárcel El Buen Pastor como se había determinado inicialmente.
En una decisión de último momento, la jueza encargada del caso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ordenó su envío a una guarnición militar, argumentando riesgos para su vida en un centro penitenciario convencional.
La decisión se dio tras la solicitud de la defensa, que aseguró que Ortiz podría enfrentar amenazas si era recluida en una cárcel. Aunque el lugar exacto no ha sido confirmado, es probable que sea el Cantón Norte en Bogotá, donde habría cupos disponibles. Mientras tanto, Ortiz permanecerá bajo custodia de la Policía Nacional.
Ortiz enfrenta una medida de detención preventiva por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y manejo de recursos públicos destinados a emergencias. La Fiscalía presentó pruebas contundentes, entre ellas documentación y testimonios que vinculan a la exfuncionaria con estos hechos.
“La medida es razonable y está prevista por la Constitución y la ley. Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía prevalecen sobre los argumentos de la defensa y justifican la detención preventiva”, explicó la jueza.
Durante la audiencia, Sandra Ortiz afirmó que es víctima de un complot político orquestado desde la Presidencia para desacreditarla. Según Ortiz, esta estrategia busca utilizarla como “chivo expiatorio” para ocultar a los verdaderos responsables de los actos de corrupción en la UNGRD.
“Esto es un show mediático para destruir mi reputación. Se inventaron historias, como la pérdida de los computadores, cuando hay pruebas y certificados que demuestran que eso nunca ocurrió”, declaró Ortiz.
La exfuncionaria permanecerá en una guarnición militar mientras avanzan las investigaciones y se define su situación jurídica. Este cambio en la decisión subraya las preocupaciones de seguridad que podrían influir en el desarrollo del caso.
