Sandra Ortiz, quien se desempeñó como exconsejera presidencial para las regiones en el gobierno de Gustavo Petro, fue enviada a prisión preventiva tras ser acusada de participar en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que la señalan como receptora de $3.000 millones en efectivo, entregados en maletines negros por Sneyder Pinilla y presuntamente destinados al senador Iván Name, expresidente del Senado.
La decisión fue tomada en una audiencia celebrada en Bogotá, donde la jueza Tercera Penal Municipal concluyó que las evidencias presentadas, que incluyen chats, videos, datos de georreferenciación y testimonios, son suficientes para establecer una inferencia razonable de la participación de Ortiz en delitos como lavado de activos y tráfico de influencias.
Ortiz, quien se declaró inocente durante la audiencia, será trasladada al centro penitenciario de mujeres El Buen Pastor mientras avanza el proceso judicial. La medida busca garantizar la transparencia en el caso y evitar posibles interferencias. Por su parte, la defensa de la exconsejera tendrá un plazo para presentar argumentos en los recursos legales correspondientes.
El caso ha generado gran atención debido al impacto que tiene en la gestión pública y en la percepción de la lucha contra la corrupción en Colombia, destacando la necesidad de fortalecer las instituciones y los controles en la administración de los recursos del Estado.
