Al tiempo que la propuesta de Ley de Financiamiento fracasó ante las instancias del Congreso de La República y que los más reconocidos institutos de investigación económica advirtieran de manera insistente su inconveniencia, continua la incertidumbre y el faltante del gobierno por algo más de $12,5 billones para cumplir con la regla fiscal.
Para el presidente ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, la reforma tributaria llegó en un mal momento. “La economía apenas registra un crecimiento del 1.6 por ciento durante los tres primeros trimestres del año. “La economía no despega y la tributaria no es conveniente para el país”, expresó.
Por su parte José Ignacio López G., presidente de ANIF también se había referido a algunos factores nada halagüeños: La caída del 8,2 % del recaudo tributario que de enero a septiembre fue de $206 billones -con respecto al mismo periodo de 2023.
Asimismo, ANIF se refirió a la baja ejecución presupuestal. “Entre enero y octubre, ésta ascendió a 62,9%, una cifra baja si se compara con el promedio 2016-2023 para dicho periodo (69,6%)”.
Este centro de estudios económicos estimó que, “los ingresos totales de la Nación de 2024 serían de $276,2 billones, es decir, $12,5 billones por debajo de lo proyectado por el Gobierno. Por su parte, en el escenario base, el gasto total ascendería a $371 billones en todo el año, según los recortes anunciados por el Gobierno”.
En Colombia se percibía una sentida preocupación ante el efecto de una posible reforma tributaria y esta inquietud se concentró en tres aspectos primordiales: el impacto que podría tener en la economía colombiana, la equidad fiscal y la carga que podrían representar para ciertos sectores de la población.
Para varios Senadores de La República es posible que la oposición política, la falta de consenso entre los partidos, o la presión de grupos sociales y económicos hayan influido en la decisión de no aprobar la reforma.
De hecho, Anif ha advertido sobre el riesgo latente del cumplimiento de la Regla Fiscal y su posible efecto. “Tendría un efecto adverso en la prima de riesgo país y podría desencadenar en una rebaja de calificación de cualquiera de las dos agencias que tienen al país en perspectiva negativa”.
Además, el contexto económico y social del país, así como la percepción pública sobre la necesidad de cambios fiscales, también juegan un papel crucial en este tipo de decisiones legislativas.
