En 2024, Colombia ha presenciado transformaciones significativas en varias áreas clave bajo el gobierno de Gustavo Petro.
Aunque la superficie del país pueda parecer inalterada, con sus tradicionales celebraciones navideñas, una mirada más profunda revela un proceso de cambios estructurales que está redefiniendo sectores como la salud, la educación, las pensiones y la seguridad energética.
Estas reformas, guiadas por una ideología que prioriza el control estatal y limita el espacio al sector privado, están generando tensiones que podrían tener consecuencias irreversibles.
El sistema de salud colombiano, que en el pasado fue considerado un referente internacional por su modelo de aseguramiento, atraviesa una situación crítica.
Históricamente, las decisiones de la Corte Constitucional para equiparar los beneficios entre los regímenes contributivo y subsidiado, junto con escándalos de corrupción y desequilibrios financieros, han generado problemas recurrentes. Sin embargo, la llegada del gobierno del Pacto Histórico ha acelerado el deterioro del sistema.
El énfasis en la prevención y el fortalecimiento de lo público ha llevado a decisiones como la asfixia financiera de las EPS mediante retrasos en los giros y primas insuficientes. A esto se suma la intervención de ocho EPS que representan cerca de 30 millones de usuarios, sin que estas medidas hayan mejorado la situación.
El patrimonio agregado de las EPS al cierre de septiembre de 2024 era negativo en 7,1 billones de pesos, y los escándalos por la gestión de los interventores han aumentado la desconfianza.
El resultado es alarmante: un incremento en las quejas y reclamaciones de los usuarios, así como una proyección histórica de tutelas relacionadas con el sector salud. La falta de soluciones viables amenaza con un deterioro de los indicadores sanitarios y un aumento de la mortalidad.
En el sector educativo, las reformas también han generado controversia. La gratuidad universal en matrículas para instituciones públicas, aunque popular, podría ser regresiva al beneficiar a estudiantes de ingresos altos en detrimento de aquellos provenientes de regiones vulnerables. Además, la reducción del presupuesto del Icetex amenaza con disminuir el acceso a la educación superior, afectando a más de 63.000 estudiantes que podrían abandonar sus estudios por falta de apoyo financiero.
Las universidades privadas también enfrentan un panorama complicado, con una reducción de matrículas que podría afectar su viabilidad económica y la calidad de los programas académicos. Esto debilita el modelo mixto que había demostrado ser efectivo, dejando a miles de estudiantes sin alternativas viables.
En materia pensional, la concentración de aportes en Colpensiones marca un giro significativo hacia el modelo de prima media. Aunque esta decisión responde a la visión de fortalecer lo público, los expertos advierten que el modelo es financieramente insostenible.
El pasivo a cargo del Estado aumentará considerablemente, sin garantizar una mayor cobertura ni mejores beneficios para los jubilados. Este escenario podría derivar en una crisis fiscal que afectará a las generaciones futuras.
La seguridad energética también enfrenta retos significativos. Aunque las lluvias recientes han elevado los niveles de los embalses, el margen entre oferta y demanda sigue siendo estrecho.
Cualquier imprevisto podría desencadenar un racionamiento. Además, la situación de empresas como Air-e y la falta de subsidios del gobierno generan incertidumbre en el sector.
Colombia también ha perdido su autosuficiencia en gas natural, lo que obligará al país a importar un 7 % de sus necesidades internas en 2025 a costos significativamente más altos. En cuanto al petróleo, la producción ha caído a 764.503 barriles diarios, mientras que el número de taladros en operación también ha disminuido.
La salida de empresas como Repsol y el debilitamiento de Ecopetrol reflejan un entorno hostil para la inversión extranjera.
El gobierno de Petro parece aplicar la teoría del “aceleracionismo”, creando crisis en sectores clave para justificar cambios estructurales. Sin embargo, estas transformaciones no vienen acompañadas de alternativas viables. En su lugar, las medidas adoptadas generan un deterioro generalizado que podría llevar al país a una debacle fiscal y social.
Colombia está en un momento crítico. Los cambios impulsados en 2024 podrían definir el rumbo del país en las próximas décadas. Aunque algunos objetivos del gobierno buscan responder a problemas históricos, las estrategias implementadas han generado más incertidumbre que soluciones.
