El asesinato de Teófilo Manuel Acuña y Jorge Alberto Tafur, líderes sociales y defensores de derechos humanos, sigue generando controversia debido a la respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 2022 en el departamento del Cesar, cuando sicarios acabaron con la vida de estos líderes que, durante más de 30 años, acompañaron procesos de restitución de tierras y luchas contra la gran minería en el sur de Bolívar.
Acuña y Tafur enfrentaron una vida de hostigamientos y amenazas constantes debido a su activismo en defensa de las comunidades rurales.
Antes de su asesinato, ambos habían advertido a las autoridades sobre el grave riesgo que enfrentaban. Sin embargo, abogados cercanos al caso denunciaron que la UNP les exigió realizar un trámite especial para acceder a medidas de protección más efectivas, ignorando la inmediatez de la amenaza.
“Es inaceptable que se haya condicionado la seguridad de estos líderes a una solicitud burocrática, cuando el contexto de peligro era evidente,” expresó un representante legal de las víctimas.
La actitud de la UNP ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
Para ellos, la entidad no cumplió con su mandato de proteger la vida de personas en riesgo, especialmente cuando se trataba de líderes sociales que ya habían sido priorizados en alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo.
El asesinato de Acuña y Tafur resalta las fallas en los mecanismos de protección para líderes sociales en Colombia, un país donde defensores de derechos humanos enfrentan un panorama alarmante de violencia.
Según cifras oficiales, los niveles de riesgo en regiones como el Cesar y Bolívar son altos, pero las medidas de protección siguen siendo insuficientes o tardías.
El caso de estos líderes evidencia la necesidad urgente de reformar las políticas de protección, reduciendo la burocracia y garantizando respuestas inmediatas frente a amenazas graves.
Organizaciones sociales han reiterado su llamado al Gobierno Nacional para que fortalezca la UNP y adopte medidas que realmente resguarden a quienes dedican sus vidas a la defensa de los derechos de las comunidades más vulnerables.
