El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, enfrenta una doble presión esta semana: por un lado, la discusión de la segunda reforma tributaria del gobierno Petro; por otro, las acusaciones de corrupción relacionadas con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Las declaraciones de su exasesora, María Alejandra Benavides, complican su posición justo cuando el país espera la radicación de la ponencia de la reforma fiscal.
Benavides afirmó ante la Fiscalía que Bonilla estaba al tanto y aprobaba supuestas negociaciones en las que, a cambio de avalar recursos para el Congreso, se entregaron contratos por un total de 92.000 millones de pesos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Además, señaló que no solo Bonilla, sino también el exministro de Interior Luis Fernando Velasco y el exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Jaime Ramírez Cobo, conocían y participaron en estas acciones.
Estas acusaciones llegan en un momento crítico, pues el gobierno busca acelerar la aprobación de la reforma tributaria, clave para financiar el presupuesto de 2025.
El presidente Gustavo Petro, durante la Asamblea Ordinaria de Gobernadores, enfatizó la necesidad urgente de esta reforma para enfrentar la compleja situación fiscal del país. Sin embargo, el proceso no será sencillo, ya que enfrenta resistencia en el Congreso, liderada por figuras como el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien ha manifestado su oposición a la iniciativa.
Cepeda señaló que su voto será negativo porque considera que la reforma no atraerá inversión privada, sino que perpetuará un círculo vicioso en la economía. Por su parte, Petro defendió su propuesta asegurando que reactivará la economía y permitirá sanear las finanzas públicas, criticando a Cepeda por obstruir el proyecto.
Mientras tanto, Bonilla se reunió con congresistas ponentes del proyecto para ajustar los puntos pendientes. Según el representante Wilmer Castellanos, se incluirán nuevos artículos que ofrecen alivios tributarios a deudores y reducciones transitorias de sanciones e intereses en mora, como parte de la estrategia para ganar apoyos a la reforma.
El panorama es incierto. Las acusaciones contra Bonilla podrían debilitar el respaldo al proyecto, y su continuidad en el cargo dependerá tanto del desarrollo de las investigaciones como de la capacidad del gobierno para mantener el enfoque en la discusión de la reforma tributaria. El desenlace será clave para determinar no solo el futuro de Bonilla, sino también la estabilidad fiscal del país.
